El Gobierno no tiene pensada una gran puesta en escena para la presentación de las reformas que va a impulsar hacia la segunda parte de la gestión. Sin embargo, lo que sí reina es el optimismo con respecto al devenir de los textos que al menos públicamente, y sin conocerse la letra fina, ya cosecharon algunos enemigos. Este jueves por la mañana, en los pasillos de la Casa Rosada le bajaban el tono a las críticas que se escucharon de parte de la CGT, que anticipó no acompañará los cambios en materia laboral si es que las modificaciones suponen una pérdida de derechos.
“En la CGT no coincidimos ni estamos de acuerdo”, sostuvo el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez, representante de la central obrera en el Consejo de Mayo, el órgano que trata las reformas de manera consultiva pero no vinculante, que se reunió ayer. Los dichos de Martínez cosechan consenso entre la mayoría de los dirigentes sindicales.

El empresario de la aviación Sergio Mastropietro, investigado como un engranaje clave del presunto circuito financiero de sobreprecios y sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), logró no entregar su teléfono en un procedimiento judicial porque la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Dirección de Migraciones demoraron hacerle la requisa que había ordenado el juez Sebastián Casanello.
De acuerdo con la información a la que accedió LA NACION de fuentes conocedoras del hecho, agentes de los dos organismos debían secuestrarle sus dispositivos cuando Mastropietro llegara de Estados Unidos a Aeroparque, pero eso nunca sucedió.
Según informaron fuentes que conocieron los movimientos de Mastropietro, el empresario viajó el sábado 15 de Miami a Buenos Aires en un avión privado. Su plan de vuelo era directo entre ambas ciudades. A su llegada, los oficiales tenían la orden de llevar a cabo una requisa. Todo se demoró porque la aeronave que lo traía desvió inesperadamente su rumbo e hizo una parada intermedia en Tucumán. Allí, Mastropietro hizo una llamada cuyo destinatario aún es desconocido.
La obra social de los trabajadores rurales (Osprera), intervenida por la gestión de Javier Milei hace un año, solicitó en la Secretaría de Trabajo iniciar un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) para asegurar la continuidad de la atención médica a sus afiliados. Así lo informó en un comunicado la intervención de la prestadora médica, a cargo de Marcelo Carlos Petroni, un abogado penalista vinculado a Eduardo “Lule” Menem. Petroni fue designado temporalmente por la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), que le renovó el mandato al frente de la intervención.
La decisión de Petroni de activar el PPC se da un día después de que el juez federal Sebastián Casanello hay dispuesto una serie de medidas de pruebas en la causa en la que investiga al secretario de Trabajo, Julio Cordero, y a otras personas vinculadas a la gestión libertaria de haber orquestado un supuesto “plan criminal para hacerse con la conducción del gremio (Uatre)”, a cargo hoy de José Voytenco, un dirigente del PJ chaqueño.
Si eran “paquetes chicos”, tenían como destino la Casa de Gobierno; si eran “grandes”, el departamento de la expresidenta Cristina Kirchner en Recoleta.
Esa y otras modalidades se describen hoy en la quinta audiencia del juicio por los Cuadernos de las Coimas, en la que se completó la lectura acusatoria respecto al pago de al menos 127 coimas por parte de los empresarios, de las cuales 38 tuvieron como destino final domicilios vinculados a la expresidenta, de acuerdo a la reconstrucción de los hechos de la fiscalía y el testimonio de arrepentidos, como el financista Ernesto Clarens, que oficiaba de nexo con los intermediarios, o Claudio Uberti, exfuncionario del Ministerio de Planificación.

El presidente Javier Milei participó en el acto por el 90.º aniversario de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y fue reconocido con una distinción por su lucha contra el antisemitismo. “Mientras la gran mayoría del mundo libre decidió darle la espalda al Estado judío, nosotros le dimos la mano”, fue una de las frases que dio el mandatario nacional.
El evento llevado a cabo en el Teatro Colón estuvo encabezado por el titular de la DAIA, Mauro Berenstein. “En Argentina tenemos tolerancia cero al antisemitismo”, sumó Milei, que reforzó la unidad judeocristiana y señaló: “Mientras otros gobiernos pactaban con Irán para encubrir atentados terroristas en suelo argentino, nosotros pactamos con Israel para combatir el terrorismo y el antisemitismo”.

Patricio Maraniello, el juez Civil y Comercial federal que se hizo famoso por prohibir la difusión de supuestos audios de Karina Milei, comenzará a ser investigado por la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura por las denuncias en su contra por abuso sexual y maltrato laboral.
Que la Comisión de Acusación −y no la de Disciplina− se aboque a su caso implica que Maraniello no se expone a una sanción disciplinaria, como el descuento de una parte de su sueldo, sino que lo que se analiza es si corresponde iniciarle juicio político para su remoción.
La decisión fue tomada hoy por la Comisión de Disciplina, en donde habían sido enviados inicialmente los expedientes. Ahora, los consejeros entendieron que la gravedad de las imputaciones en su contra merecen sanciones graves, si se confirman.
El inédito respaldo financiero del Tesoro de EE.UU. y el triunfo electoral abren una buena oportunidad de cara a la segunda mitad del mandato.
Es una oportunidad política: para revitalizar la agenda reformista y abortar la rebelión fiscal parlamentaria. Acordando un presupuesto sensato que ayude a recrear la gobernabilidad política e institucional sin riesgos de que se licúe la gobernabilidad popular. Es también una oportunidad económica: para consolidar el superávit fiscal primario, resetear un esquema cambiario–monetario que no termina de cerrar, avanzar con reformas organizacionales y obtener mejores resultados en tasa de inflación y nivel de actividad.
Si se aprovecha esta oportunidad, 2026 será un año positivo, sin boom, sin un dígito anual de inflación. En cambio, si todo fuera a medias y a los ponchazos, todavía hay chance de caer en el síndrome de los malos terceros años recesivos e inestables de los últimos gobiernos (2014, 2018 y 2022) y transitar con una economía opaca, con un oficialismo “durando para llegar” al 10 de diciembre de 2027.
En una movida que, de prosperar, terminaría por beneficiar a la Casa Rosada, Diego Spagnuolo apunta a derribar toda la investigación judicial por el presunto cobro de sobornos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Plantea que fue el “chivo expiatorio” de una “operación de inteligencia” que montó el “cartel de las droguerías” contra un “grupo de tareas” que las desplazó para saquear las arcas del Estado nacional, indicaron tres fuentes de su círculo íntimo a LA NACION.
A través de su tercer y actual abogado, Mauricio D’Alessandro, el otrora titular de la Andis sostiene que los audios que circularon en los días previos a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre fueron “adulterados”, en parte con herramientas de inteligencia artificial (IA), para hacerlo afirmar lo que jamás dijo y que, por tanto, deben ser descartados por la Justicia.

Hay una encuesta que no genera exactamente asombro, pero provoca cierta incomodidad en la Justicia bonaerense. Muestra que el 97% de los consultados, un universo de 118 empleados del Departamento Judicial de La Plata, tienen al menos un familiar que también trabaja en ese Poder del Estado. La cifra es impactante, y confirma algo que se sospechaba desde hace décadas: los lazos de parentesco parecen ser la llave para ingresar a la Justicia. ¿Solo a la Justicia? ¿O se trata de una deformación más estructural que atraviesa muchos estamentos públicos en la provincia de Buenos Aires? ¿Es un vicio exclusivamente bonaerense o se extiende a otras provincias y a la jurisdicción nacional, donde el empleo público creció exponencialmente entre 2003 y 2015?
Los resultados del relevamiento, que fue realizado en el segundo semestre de este año por la Asociación Argentina de Abogados Penalistas (AAAP), abren interrogantes sobre la transparencia y la equidad de los procesos de selección y promoción dentro del sistema judicial, pero también en el Estado en general. Convocan, además, a un debate de fondo: no solo sobre los sistemas de acceso al empleo público, sino sobre la independencia, la idoneidad y la ecuanimidad de los cuadros administrativos en los poderes del Estado. Cuando se accede por parentesco, amiguismo, militancia o “acomodo”, todo el sistema tiende a viciarse y, con el tiempo, no solo pierde calidad, sino también autoridad. Se teje una red invisible de compromisos y lealtades que contamina al servicio público, como si todo quedara teñido por un defecto de origen: no haber entrado por mérito propio, sino por ser “hijo de” o por responder políticamente a tal o cual dirigente.
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, habló por primera vez en público tras la polémica generada por el trofeo que se le otorgó a Rosario Central como campeón anual y en medio de diferentes críticas por el manejo del fútbol argentino, con presuntos beneficios para algunos clubes dentro y fuera de la cancha.
El titular de la casa madre del fútbol local dio un discurso en el cierre de la ceremonia de los Premios Alumni que se celebró en el Predio Lionel Messi de la AFA, en Ezeiza, donde fue distinguido con el premio de platino por su “labor dirigencial”.
Desde el escenario y con el trofeo en la mano, defendió el modelo de clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro, le dejó un mensaje sutil a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, y al gobierno nacional y aseguró que le quedan “muchos años más” al frente de la AFA.
El gobierno de Axel Kicillof y la Legislatura bonaerenses declararon este jueves la emergencia económica en la provincia de Buenos Aires y en sus 135 municipios. La medida rige hasta el 31 de marzo de 2027 y forma parte del paquete del Presupuesto 2026, aprobado durante la madrugada. La Ley Impositiva también recibió sanción, mientras que la Ley de Financiamiento quedó postergada —por ahora— hasta el viernes. Siguen las diferencias sobre el monto que se transferirá de manera directa a los municipios.
En el texto aprobado se advierte que la emergencia responde a “la profunda recesión y el incumplimiento, la demora o la detracción por parte del Estado Nacional de transferencias automáticas y no automáticas”, lo que —según la ley— vulnera el federalismo fiscal y compromete la prestación de servicios esenciales “en detrimento de los bonaerenses”.
SANTA FE.- La reconversión empresaria sigue en el interior. A los últimos casos, como el de la fábrica de electrodomésticos Whirpool o el reacomodamiento de la planta de cacerolas Essen, se sumó ahora la decisión de DBT –conocida como Cramaco–, dedicada a la fabricación de generadores y alternadores eléctricos en Sastre. La firma anunció que frena su producción y despedirá a 35 obreros. Se dedicará a importar.
Cramaco es, en realidad, DBT, ya que tras un cambio de dueños en 1999, adoptó su nombre actual en referencia a los apellidos Druetta, Bearzotti y Talano. En 2003 se asoció con la multinacional española Himoinsa, consolidándose como líder del mercado local, con una participación del 85%, y exportaciones a América, Europa y Asia.

El Gobierno dispuso un incremento del 2,34% en las asignaciones familiares y en los parámetros que determinan su pago, lo que impactará también en las jubilaciones que incorporan asignaciones complementarias. La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 361/2025 de la Anses, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios del seguro de desempleo, veteranos de Malvinas y perceptores de asignaciones universales. Según el organismo, los ajustes responden al esquema de movilidad previsto en la Ley 27.160 y a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor informadas por el Indec.
La resolución recuerda que el régimen de asignaciones familiares comprende a trabajadores de los sectores público y privado, titulares del sistema de riesgos del trabajo, beneficiarios del SIPA, monotributistas, desempleados, personas con pensiones no contributivas por invalidez, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo. La medida deja afuera de esta actualización a la Ayuda Escolar Anual, que se ajusta una vez por año en marzo, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 63/2025.
El Gobierno logró superar un test clave al colocar nueva deuda por $13,99 billones en una semana en que le vencen $14,6 billones. Esto quiere decir que consiguió refinanciar el 96,48% del vencimiento en un momento en que su tenencia de depósitos había caído hasta los $4,4 billones.
De este modo, solo debería emitir unos $450.000 millones para honrar el pago de lo no renovado, cifra que es apenas superior al 10% de sus ahorros. “En un contexto de liquidez acotada del Tesoro, el dato es positivo”, valoraron desde el Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).
La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $13,99 billones habiendo recibido ofertas por un total de $14,68 billones.
Esto significa un rollover de 96,48% sobre los vencimientos del día de la fecha.✅ LECAP/BONCAP a:
➡️ 13/2/26…— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 26, 2025
El papel pegado en la cocina de la casa desde donde operaba Miguel Calvete tenía instrucciones muy precisas para evitar problemas judiciales: “Cualquiera que pregunte por Indecom, Finfox, Profarma, Reposane, Bimax, Miguel Calvete o Guadalupe Muñoz [pareja de Calvete]: ACÁ NO ES”. Y decía, además: “Si es allanamiento (AVISAR), pedir antes de abrir orden de embargo o allanamiento, sacar foto y consultar Dr. Camilo Cordero Fabbri [en el papel está su número de teléfono], Dr. Norberto Manuel Abeledo [con otro número telefónico]”.
Los investigadores encontraron el cartel el mes pasado, cuando allanaron la casa de Defensa al 1400, que funcionaba como búnker de Calvete, uno de los principales acusados del caso por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Cordero Fabbri, el hombre al que había que llamar, representa como abogado defensor al dueño de casa, pero tiene además otro trabajo: es funcionario en la Oficina Anticorrupción (OA).
Todo indica que quien recibió a los policías que hicieron el allanamiento cumplió las reglas del papel de la cocina: Cordero Fabbri apareció durante el operativo y preguntó qué estaba pasando, según relató una fuente de la causa a LA NACION. Se fue y no volvió.

La consigna “Estados Unidos primero” (America First) que guio las campañas electorales de Donald Trump está proyectándose en el comercio internacional como en ningún otro campo. Datos: el promedio del arancel externo estadounidense el 1 de abril pasado, la víspera del anuncio de un nuevo régimen de protección, era de 2,6%. Hoy es de 16,5%. Esa variación significa una revolución global.
Una de las consecuencias de ese incremento en las tarifas que deben pagar quienes exportan a los Estados Unidos es que el Tesoro de ese país recaudará 3 billones de dólares (“trillions” en inglés) en los próximos tres años. Es solo un detalle. La mutación más relevante es que Trump ha adoptado una estrategia de inserción de su país en la escena internacional que modifica una constante que hunde sus raíces en el comienzo de la posguerra. Una de las palancas con las cuales los Estados Unidos sostuvieron su hegemonía fue la aceptación de un déficit comercial significativo con el resto del mundo. Fue una de las formas en que se financió esa superioridad. Entre las numerosas derivaciones que tuvo ese enfoque está la reconstrucción de Europa después de la II Guerra.
El Gobierno nacional trabaja por estas horas en la convocatoria a las sesiones extraordinarias del Congreso que comenzarán el próximo 10 de diciembre y se extenderán hasta fin de año. Ese plazo es el que hasta ahora está definido, en tanto que si bien lo más probable es que la actividad parlamentaria se retome en febrero, también de forma extraordinaria, todavía hay quienes no descartan la posibilidad de continuar durante enero.
“Si es por nosotros trabajaríamos en enero también, pero no creemos que haya quorum para eso”, se sinceró una voz del corazón libertario ante LA NACION. En la Casa Rosada recordaban que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, suele mencionar que le gusta trabajar en enero, pero a la par de eso admitían que el escenario no parecía del todo posible hoy, aunque no lo descartaban por completo. “Todavía hay un debate”, sintetizaron.

La cita legislativa clave del miércoles para el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se desarrolló en terreno barroso, con negociaciones que se empantanaron y obligaron a pisar el freno desde el arranque de la doble jornada de sesiones prevista en las dos cámaras de la Legislatura bonaerense. El fondo para los municipios que el gobierno provincial ofrece a cambio de la autorización de endeudamiento despierta diferencias con la oposición y con La Cámpora, al igual que la distribución de cargos en entidades como el Banco Provincia. La falta de entendimiento derivó en que solo se aprueben el presupuesto provincial y la ley fiscal e impositiva, y que el endeudamiento quede pendiente hasta el viernes, en busca de conseguir los dos tercios necesarios para su aprobación.
La sesión en la Cámara de Diputados para aprobar el endeudamiento, el presupuesto y la ley fiscal e impositiva de la provincia estaba prevista para las 14 del miércoles, se postergó hasta programarse recién para las 20, pero arrancó largamente pasadas las 22 y se aprobaron solo el presupuesto 2026 y la ley fiscal e impositiva, con votos peronistas y radicales, entre otros, y el rechazo de Pro; el tratamiento del endeudamiento quedó diferido para el viernes, a las 10, cuando finalizará el “cuarto intermedio” que votaron los diputados y los senadores provinciales entrada la madrugada del jueves.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunieron este miércoles con Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, en busca de llegar a sumar apoyos para las iniciativas legislativas.
En la agenda de la administración libertaria están la aprobación del presupuesto 2026 y la reforma laboral, entre otras iniciativas. En tanto que, a diferencia de lo que sucedió hasta ahora, Balcarce 50 se muestran más abiertos a escuchar las necesidades de los mandatarios provinciales, para lograr los apoyos. Hoy Vidal planteó los suyos, en línea con lo que sucede en las represas de su provincia.

En vísperas de la jura de los diputados electos, el próximo miércoles en el recinto, las distintas bancadas se reorganizan para pelear por espacios de poder en la Cámara de Diputados. Mientras el oficialismo y Unión por la Patria pugnan por quedarse con la primera minoría, dos bancadas que responden a gobernadores se pelean por el tercer lugar en el podio: Provincias Unidas y un grupo de gobernadores del PJ no kirchnerista que buscan aunar filas.
El espacio de Provincias Unidas, que tuvo un debut electoral muy lejos de sus expectativas, congrega a seis gobernadores: Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy, Corrientes y Santa Cruz. En un intento por exhibir músculo político buscó reunir esta tarde a todos sus legisladores y aliados para plantarse como tercera fuerza; sin embargo, no todos concurrieron y, para peor, Miguel Pichetto -a quien se le había prometido la jefatura de la bancada- amenazó con dar un portazo cuando le anoticiaron que ese cargo iría para la vicegobernadora de Santa Fe y diputada electa Gisella Scaglia.

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, protagonizaron la reunión de este miércoles por la mañana, en medio de un “relanzamiento” de la gestión. El encuentro se extendió por poco menos de dos horas y durante más de una fue el propio mandatario quien habló, según reconstruyeron a LA NACION distintas fuentes de la Casa Rosada.
El mandatario se dirigió a sus ministros de buen ánimo, tal como se lo vio en el video del ingreso al Salón Eva Perón, abrazándose a su equipo. Una vez comenzado el cónclave, transmitió a sus ministros “la importancia de cuidar el triunfo electoral” de octubre pasado, según describió una de las voces consultadas.
El Gobierno expresó hoy formalmente su respaldo a la candidatura de Rafael Grossi para la Secretaría General de la ONU, cargo será elegido el año próximo. Lo hizo el canciller Pablo Quirno a través de un tuit en la cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi (@rafaelmgrossi) al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas. Rafael Grossi es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) desde hace ya seis años, lo que demuestra su gran capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional”, señala el texto.
LA PLATA.− En la antesala de la sesión convocada para aprobar el presupuesto 2026, una autorización para endeudarse por 3035 millones de pesos y la ley tributaria, el gobernador Axel Kicillof le hizo un nuevo guiño a La Cámpora tras mostrarse ayer con Máximo Kirchner.
El mandatario visitó este miércoles Lomas de Zamora para fotografiarse junto al intendente Federico Otermín -expresidente de la Cámara de Diputados- y su mujer, Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia y dirigente de La Cámpora.

Después de siete meses de parálisis, la Secretaría de Trabajo, que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, convocó para hoy a una sesión virtual del Consejo del Salario para definir el nuevo haber mínimo, que es hoy de $322.000. Sin embargo, el acuerdo estuvo lejos y el presidente Javier Milei tendrá cinco días para laudar y definir la suba de manera unilateral.
Las cámaras empresarias ofrecieron un aumento de $4000 y elevar en cuotas el haber mínimo a $349.000 a abril de 2026. Las centrales obreras, en cambio, pidieron una suba mucho mayor. La CGT planteó llevar el salario mínimo a $512.000 ahora y a $553.000 en abril. Coincidió con esta postura una de las dos CTA. La restante, la Autónoma, pidió llevarlo a $736.000.

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios LA NACION

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